Argentina lanza la ciudadanía por inversión: USD 350.000, vías, costes familiares y proceso (2026)

¿Qué anunció Argentina el 2 de octubre de 2026?

El Ministerio de Economía anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión, presentado por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. Según el anuncio oficial del Gobierno, el programa ofrece dos mecanismos simples y transparentes, recibirá solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y somete cada solicitud a una evaluación rigurosa destinada a proteger la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina. El anuncio fue recogido ese mismo día por La Nación y Bloomberg Línea, entre otros medios.

El anuncio culmina un proceso iniciado en 2025. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 modificó la ley de ciudadanía de Argentina para permitir la ciudadanía a los extranjeros que realicen una inversión admisible, y el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial el 31 de julio de 2025, estableció el procedimiento y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Hasta ahora faltaban el precio y la fecha de apertura. Argentina es la primera economía del G20 en años que abre un programa de ciudadanía por inversión y la primera de Sudamérica.

¿Cuánto cuesta la ciudadanía argentina por inversión?

El solicitante principal elige una de dos vías:

• Contribución al Tesoro Nacional: USD 350.000. Una contribución directa y no reembolsable al Tesoro Nacional. Es la vía de menor desembolso y la que el propio Gobierno utilizó en su ejemplo familiar.
• Bono público: USD 800.000. La suscripción de un título público creado específicamente para el programa. Según informaciones del mercado, entre ellas las de Bloomberg Línea, se trataría de un bono a siete años que no paga intereses. Esas condiciones no figuran en el anuncio oficial y se fijarán en la reglamentación, por lo que deben considerarse orientativas hasta su publicación.

Los familiares se suman acreditando el vínculo y realizando la contribución fijada para su categoría. En la vía del bono, el bono cubre al solicitante principal y los familiares realizan las mismas contribuciones al Tesoro.

El ejemplo del propio Gobierno es una familia de cuatro miembros, el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de 18 años, con un total de USD 500.000 en la vía del Tesoro: USD 350.000 más USD 100.000 más dos contribuciones de USD 25.000. En la vía del bono, la misma familia compromete USD 950.000, de los cuales USD 800.000 corresponden al bono y USD 150.000 a las contribuciones familiares. Las tasas gubernamentales de solicitud y de diligencia debida no se habían publicado en el momento del anuncio, y los honorarios profesionales se suman a las cifras gubernamentales.

¿Quién puede incluirse en la solicitud?

Las categorías anunciadas son el cónyuge, los hijos de 18 a 25 años solteros y sin hijos propios, y los hijos menores de 18 años. Los progenitores no figuran entre las categorías anunciadas. Una cuestión práctica que la reglamentación deberá resolver es la fecha en la que se evalúa la edad de un hijo, algo relevante para las familias con un hijo próximo a los 25 años. Si este es su caso, planifique el momento de la solicitud teniendo en cuenta esa cuestión.

¿Cómo funciona el proceso de solicitud?

El procedimiento sigue el Decreto 524/2025 y el anuncio del 2 de octubre:

1. Solicitud ante la Agencia. El solicitante presenta su expediente ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía. Todos los fondos deben canalizarse a través del sistema financiero formal, conforme a las normas de prevención del lavado de activos, de prevención de la financiación del terrorismo y de transparencia financiera.
2. Diligencia debida interinstitucional. La Agencia evalúa el expediente con la Secretaría de Inteligencia de Estado, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad y del Interior. Los controles abarcan la identidad, la trazabilidad y el origen lícito de los fondos, el patrimonio y la situación financiera, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio, con estándares alineados con las recomendaciones de la OCDE y del GAFI.
3. Recomendación. La Agencia emite un informe fundado que recomienda la aprobación o el rechazo.
4. Decisión. La Dirección Nacional de Migraciones aprueba o rechaza la solicitud. Conforme al Decreto 524/2025, debe resolver en un plazo de 30 días desde la recepción del informe de la Agencia.
5. Ciudadanía y documentos. Tras la aprobación, el solicitante pasa a ser ciudadano argentino y puede obtener el documento nacional de identidad y el pasaporte.

El Gobierno dejó claro que realizar la contribución no implica una aprobación automática: cada expediente debe superar la evaluación antes de que Migraciones resuelva.

¿Cuánto tiempo llevará?

No se ha publicado ningún tiempo oficial de procesamiento de principio a fin. El único plazo normativo son los 30 días de que dispone la Dirección Nacional de Migraciones para resolver tras recibir el informe de la Agencia; la duración de la evaluación de la propia Agencia no está fijada. Como las solicitudes solo se abren en el cuarto trimestre de 2026, todavía no existe un historial de casos. Lo que los solicitantes sí pueden controlar es su preparación: un expediente completo, con la acreditación del origen de los fondos, las actas del registro civil y las traducciones preparadas de antemano, es lo que avanza más rápido una vez abierto el plazo.

¿Qué ofrece el pasaporte argentino?

El pasaporte argentino da acceso sin visado o con visado a la llegada a unos 170 destinos, entre ellos el espacio Schengen, el Reino Unido, Japón y la mayor parte de América Latina. Argentina es miembro del Mercosur, por lo que un ciudadano argentino puede obtener la residencia en otros países del Mercosur y asociados en virtud del acuerdo regional de residencia, lo que abre gran parte de Sudamérica para vivir, trabajar, estudiar y hacer negocios. No existe obligación de vivir en Argentina antes ni después de obtener la ciudadanía, y Argentina no exige a los nuevos ciudadanos renunciar a su nacionalidad actual, aunque siguen aplicándose las normas de su país actual sobre la doble ciudadanía. A diferencia de un permiso de residencia, la ciudadanía no necesita renovarse.

¿Cómo se compara Argentina con los programas consolidados?

Argentina entra en un mercado liderado por los programas caribeños, que siguen siendo la referencia en rapidez, procesos consolidados y coste. Las cifras siguientes proceden de los datos de programas de Mirabello:

Los programas caribeños ofrecen un coste de entrada más bajo, tablas de tasas publicadas, años de aprobaciones y una tarificación familiar que cubre a varios miembros dentro de la cifra principal. La propuesta de Argentina se basa en el alcance de su pasaporte, un país grande con verdadera profundidad para vivir y la región del Mercosur. Para muchas familias, la respuesta adecuada dependerá de si buscan hoy un activo de movilidad con una tramitación probada o un programa nuevo con un pasaporte más sólido y un lugar en el que quizá lleguen a vivir. Puede comparar todas las opciones en nuestro panorama de la ciudadanía por inversión.

¿Qué ocurre con los impuestos?

La ciudadanía y la residencia fiscal son cosas distintas. Argentina grava a sus residentes por su renta y su patrimonio mundiales, pero tener la ciudadanía argentina no le convierte por sí solo en residente fiscal; la residencia depende de dónde viva usted realmente. Las familias que tengan previsto trasladarse a Argentina deberían obtener asesoramiento fiscal estructurado antes de la mudanza.

¿Cuál es la situación jurídica?

El programa se basa en el DNU 366/2025 y en el Decreto 524/2025. En junio de 2026, dos cámaras de apelaciones, al resolver solicitudes individuales de ciudadanía, sostuvieron que las decisiones sobre la ciudadanía corresponden a los tribunales federales y no a la Dirección Nacional de Migraciones, y el Gobierno recurrió ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado. El programa anunciado el 2 de octubre de 2026 mantiene a la Dirección como autoridad decisoria. La decisión de la Corte Suprema puede afectar a qué autoridad otorga la ciudadanía, y actualizaremos esta guía a medida que evolucione el caso.

¿Qué deben hacer ahora los solicitantes?

Con la apertura de solicitudes en el cuarto trimestre de 2026, las familias mejor situadas para avanzar primero son las que se preparan desde ahora: confirmar la admisibilidad de cada familiar, reunir la acreditación del origen de los fondos y los documentos civiles, y elegir entre la contribución al Tesoro y el bono una vez publicadas las condiciones del bono. Los criterios para los agentes certificados también están pendientes de anuncio. Reserve su consulta gratuita y Mirabello Consultancy evaluará la admisibilidad de su familia, calculará el coste total en ambas vías y tendrá su expediente listo para la apertura.